“Esta prácticas lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos”, aseguró la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado cuestionando la “guerra jurídica” de la que es víctima la exmandataria en el marco de la causa por la obra pública.
Noticias Relacionadas
Así se jugará la décima del “Chiche” Calvet
Por razones de seguridad tropas israelíes destruyeron una escuela en Cisjordania
Solicitaron al Banco Central información sobre la quiebra de Sasetru durante la dictadura