“El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”, publicó la Secretaría de DDHH en Twitter.