“La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, argumentó la entidad en un comunicado.
“La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, argumentó la entidad en un comunicado.