“Esta prácticas lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos”, aseguró la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado cuestionando la “guerra jurídica” de la que es víctima la exmandataria en el marco de la causa por la obra pública.